La pandemia del coronavirus ha generado una crisis económica sin precedentes. Las principales economías globales se encuentran en una aguda recesión, e inevitablemente esto impactará a América Latina.

De hecho, desde la crisis financiera del 2008 no veíamos una conjunción de factores tan nocivos para la región, que van desde las contracciones comerciales provocadas por el cierre de fábircas en Asia, hasta el colapso del precio de las materias primas -especialmente de la energía- y la sequía del financiamiento externo.

Una muestra de la gravedad de la situación es que desde inicios de enero, el bloque de países emergentes ha acumulado salidas de capitales de aproximadamente USD 85.000 millones, muy superiores a las observadas durante la crisis del 2008 y a otros episodios de volatilidad financiera en la última década.

Es importante entender que las medidas necesarias de distanciamiento social o cuarentenas que se adoptan tienen un costo económico significativo. La paralización de la actividad, particularmente en los sectores que generan más empleos –servicios, construcción, comercio y turismo-, reduce significativamente los ingresos de los hogares y de las empresas, y limita drásticamente el consumo y la inversión.

Frente a esto, los gobiernos de la región barajan medidas de atención inmediata a la emergencia en el terreno monetario, cambiario, financiero y fiscal. Por un lado, los bancos centrales implementan políticas monetarias para evitar que las empresas se queden sin liqudez y para que puedan pagar a sus empleados, evitar despidos masivos y mantener los pagos a proveedores. A nivel técnico, estas medidas se centran en la reducción de las tasas de interés y en el aumento de liquidez en moneda nacional mediante facilidades extraordinarias.

Las medidas cambiarias abarcan intervenciones directas en los mercados de divisas para reducir la volatilidad y depreciación acelerada del tipo de cambio (por ejemplo, en Brasil), o el uso de instrumentos financieros para reducir la incertidumbre sobre el precio de la moneda. Por ejemplo, el Banco de la República de Colombia anunció una subasta de forwards de divisas por USD 1.000 millones para dar estabilidad al mercado.

Por el lado financiero, también se están reestructurando pagos de interés y capital de las deudas de las empresas. La banca pública y de desarrollo también está aportando sus recursos para apoyar a las empresas. Por ejemplo, se han anunciado medidas como el refinanciamiento a las líneas de crédito ofrecidas BIESS en Ecuador, el aumento de fondos a Siga para préstamos a Pymes en Uruguay, o la línea de crédito de liquidez para empresas de sector turismo y aviación de Bancoldex en Colombia.

Estas medidas están siendo complementas con aportes fiscales, cuyo alcance puede ser mayor y más expedito. Tratándose de una emergencia sanitaria, es imperativo, primeramente, apuntalar las capacidades del sector salud para proteger a la población.

También se está buscando apoyar a los sectores productivos y segmentos de la población más afectados por la crisis, salvaguardando su operatividad y capacidad de consumo. Del lado de las empresas, por ejemplo, se están difiriendo los pago de impuestos corporativos, a la nómina e IVA y, en paralelo, se han ampliado los sistemas de transferencias para la población vulnerable, como los seguros de desempleo y pensiones.

Teniendo en cuenta los altos niveles de informalidad laboral y empresarial en América Latina, es necesario extender el apoyo y alcanzar a los segmentos de ingresos más bajos de la población y sectores productivos más vulnerables, como las mipymes, a través de mecanismos como las transferencias directas. También será necesario incluir a trabajadores independientes y profesionales de clase que prestan servicios personales, sin seguro de desempleo, con poca capacidad de ahorro y que no perciben las transferencias sociales de los grupos más vulnerables.

Las autoridades enfrentan enormes desafíos para alcanzar los objetivos esperados. En primer lugar, son pocos los países de la región con espacio para adelantar estímulos fiscales que respondan a la magnitud de esta crisis. Buena parte de los países atraviesan procesos de consolidación presupuestaria para restaurar o garantizar la sostenibilidad de su deuda, hecho que reduce su margen de maniobra. En este sentido, muchas de las medidas representan adelantos de gastos o reasignaciones de partidas presupuestarias, más que estímulos adicionales.

En segundo lugar, el cese de la actividad doméstica implicará un deterioro sustancial de los ingresos fiscales, algo que reducirá aún más el espacio para aplicar medidas necesarias como la reducción de impuestos o la expansión del gasto. En tercer lugar, el pánico financiero en los mercados internacionales limitará las posibilidades de endeudamiento, y esto restringirá el margen de acción, especialmente en los países con mercados financieros domésticos poco desarrollados y que recurren mayormente al financiamiento externo.

En este escenario, en el corto plazo la acción de los organismos multilaterales será importante. FMI, Banco Mundial y a nivel regional el BID y CAF han ofrecido nuevos préstamos para enfrentar al coronavirus como también readecuar los créditos existentes para enfrentar la emergencia. En el caso de la CAF, se ha lanzado una línea de crédito de emergencia de USD 2.500 millones para los países de la región.

En resumen, prevalece una elevada incertidumbre sobre el efecto que esta crisis tendrá sobre las economías de la región y sobre su capacidad de recuperación. No obstante, deben tomarse acciones contundentes y oportunas para evitar que estos trastornos generen daños mucho más permanentes sobre la economía.